Oscar Muñiz
Adicionalmente a los problemas propios en el desarrollo de
agricultura peruana, se suman dos graves hechos que perturban, además de restarle
facilidades al agricultor nacional. Se trata de la estafa y sus consecuencias
ambientales y productivas en la venta-compra de semillas falsas de café a los
agricultores de la provincia de Oxapampa, ubicada en el departamento de Pasco,
y de la importación directa por parte de los agricultores de productos de plaguicidas
de uso agrícola, por medio directo simplificado y más barato.
En cuanto al primer problema, existe un posible rebrote del
hongo de la roya en las plantaciones de café en Oxapampa. Este hecho es
producto del tráfico de semillas falsas provenientes de Colombia y Brasil, las
cuales fueron comercializadas como si fueran inmunes a las plagas.
Este hecho les sucede a más de 200 cafetaleros en Oxapampa,
los cuales han sido estafados desde agosto del 2013. Perderán por lo menos dos hectáreas
de café, con la consiguiente imposibilidad de utilizar esas tierras por tiempo
indefinido. No se descarta que esta situación se replique en otras zonas
cafeteras del Perú
La variedad de café sustituida es la denominada Castilla, la
cual es conocida en todo el mundo como resistente a la roya y es la que fue
sustituida por granos simples, que al sembrarlas no produjeron nada. Asimismo,
se detectaron diez comercializadoras de semillas falsas en las fronteras con
Colombia y Brasil.
Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de
Colombia, que es el organismo encargado de este tipo de transacciones confirmo
por intermedio de su vocero oficial, que este servicio no autoriza la venta de
granos que sustituyan a las semillas, lo cual ha permitido a la parte peruana corroborar
la estafa.
Otro problema son las importaciones de agroquímicos. La Comisión
Agraria del Congreso del Perú, propuso que los agricultores podrían ejercer el
derecho de importar directamente plaguicidas de uso agrícola, por medio de un
procedimiento simplificado y más barato. Dicha medida favorecería a los
pequeños y medianos agricultores como también al fortalecimiento de la
competitividad de la producción agraria nacional.
En Perú el control de los plaguicidas químicos está regulado
desde el 2002 (Decisión N° 436 de la Comunidad andina). El ministro de
Agricultura y Riego sostiene que la norma dispone requisitos complejos y
costosos para su registro los cuales pueden tomar hasta tres años y el costo fluctúa
entre 30 y 50 mil dólares.
Frente a esta situación el Ministerio de Agricultura y Riego
creó un sistema de registro simplificado el AIU (agricultor-importador-usuario)
que permite al agricultor importar directamente plaguicidas, siempre y cuando sean
usados para la propia producción agrícola. El AIU fue condenado por la Comunidad
Andina y por la Séptima Sala Civil, fundamentando que iba en contra del procedimiento de la CAN que tiene más
requisitos.
El Gremio para la Protección de Cultivos de la Cámara de
Comercio de Lima (PROTEC) se refiere a la Decisión N° 436 “Es una norma que fue
aprobada por los organismos técnicos de los cuatro países de la comunidad y su aplicación
permite evaluar en temas de salud, ambiente y sanidad vegetal, los plaguicidas
cuyo riesgo sean inaceptables”.
Sin embargo, 14 gremios agrarios expresaron en un comunicado
que grandes empresas, entre otras, Bayer, Basf, Dow Chemical, Syngenta,
abusando de su poder pretenden utilizar la norma andina para vender sus
plaguicidas a precios exorbitantes, cuando aducen que los productos genéricos importados
por los agricultores son de baja calidad.
El ministro de agricultura indico que su sector se encuentra
trabajando una propuesta para que el Perú tenga la facultad de suspender la Decisión
N° 436; esta decisión no impide la importación de plaguicidas genéricos, exige
que estos sean evaluados en sus aspectos agronómicos, toxicológicos y eco-toxicológicos,
antes de que ingresen a cualquier país de la CAN.
El Presidente la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de
Lima, Oswaldo A. Ordoñez tuvo a su cargo la controversia, la cual fue impugnada
por el Ministerio de Agricultura. La impugnación ha pasado a la Corte Suprema
la cual resolverá definitivamente el caso.
Nota
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