Oscar Muñiz
Que duda cabe, siempre fue necesario estar en sintonía con
las normas legales por más que parezca un trámite adicional. En los afanes de
velar y salvaguardar los derechos saludamos el inicio de la siguiente
iniciativa.
No debe de extrañar que los dirigentes de las comunidades nativas
hayan tomado la decisión de incorporar su defensa legal al estricto rigor legal
de la propiedad, aunque esta acción aparezca tarde. Dice el proverbio popular, más
vale tarde que nunca, y este es el caso.
Los líderes amazónicos sostuvieron que necesitan la
seguridad para sus tierras, para tener tratos en igualdad de condiciones con
los inversionistas. El problema hasta la fecha es que ningún gobierno atendió la
defensa de los derechos de los pueblos nativos garantizando la posesión de un título
de propiedad sobre sus territorios. Por esta razón Santiago Manuin Valera y
Alberto Pizango, dirigentes de las etnias awajun y shawi respectivamente,
aceptaron la propuesta del Instituto Libertad y Democracia.
Manuin sostuvo que si no aseguramos nuestro territorio no
podemos tener libertad ni familia y no podemos conseguir felicidad. Por
su parte Alberto Pizango manifestó tenemos que asociarnos para desarrollar el país
y dialogar.
En la actualidad, de lo registrado solamente las comunidades
campesinas asentadas en zona andina de Perú, se encuentran debidamente
acreditadas con título de propiedad de sus tierras; mientras que las
comunidades nativas que se encuentran en la zona amazónica adolecen de dichos títulos.
En el caso de la propiedad de las comunidades campesinas, esta propiedad proviene de antes de época colonial, la que fuera
reconocida por el Estado peruano e inscrita en los registros de propiedad.
Un ejemplo es la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) “Túpac
Amaru”, localizada en la Sierra Central y abarca una extensión de 408,000 Ha.
La SAIS “Túpac Amaru” comprende parte de las provincias de Concepción, Yauli,
Tarma y Jauja del departamento de Junín, y de la provincia de Yauyos del
departamento de Lima.
Su riqueza al igual que de otras SAIS, comunidades nativas o
comunidades campesinas, estriba en la riqueza natural que guardan sus tierras y
el subsuelo (el propietario es el Estado), lo cual es un botín apetitoso no
solo para el propio Estado peruano sino también para inversionistas nacionales
o extranjeros, para delincuentes y demás grupos.
El Grupo Allpa, señala que el problema de la propiedad de
las comunidades nativas y su territorio fue considerado el más importante para
el desarrollo de una economía sustentable de las comunidades nativas. Aunque
para la legalización de sus territorios existen limitaciones de orden legal,
pero también de orden administrativo, económico y político.
Esperamos resultados porque todos anhelamos de una vez por
todas acabar con los atropellos, violaciones a los derechos, y fundamentalmente
contra la injusticia y a codicia.
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