Oscar Muñiz
Los nativos de la comunidad Pampa Hermosa tomaron meditas de
fuerza en la base petrolera Jibaro-Jibarito, ubicada en el lote 1AB de
propiedad de Pluspetrol.
La pregunta de rigor es, porque se tiene que llegar a este
punto cuando durante años las autoridades (Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior,
Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia) o no dijeron nada
o simplemente se hicieron de la vista gorda.
No es que de la noche a la mañana aparecieron los daños
ambientales, las protestas no sólo de los nativos, la presencia policial. No. Se
conoce este problema desde muchos años atrás. Esta vez es el abuso de una compañía
petrolera sobre un conjunto de comunidades nativas.
Pluspetrol, informo que los representantes de la comunidad
nativa Pampa Hermosa mostraron su buena voluntad para retomar el diálogo,
puntualizando que en la indicada reunión estuvo presente el apu Carlos Sandra,
presidente de la Federación de Comunidades Nativas (FANCONACO). Señaló que los
acuerdos sobre el uso de tierras y canteras permitirá el buen funcionamiento de
la base Jibaro-Jibarito, la que fuera paralizada por 30 días, dejando de
obtener más de tres mil barriles de crudo/día.
En la actualidad los lotes que generan los problemas
pertenecen a Pluspetrol. Estos son el Lote 192 (explotado desde 1996),
anteriormente denominado 1AB y el Lote 8 (este incluye el Lote 8x, explotado
por esta petrolera desde 1999). Los lotes se ubican en las cuencas de los ríos
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
Anteriormente a la presencia de Pluspetrol, la Occidental
Petrolera (Oxy) y PetroPeru, en 1970 fueron los administradores del Lote 192 y
8. Cuando ambas compañías dejaron de trabajar en derecho, dejaron los lotes a
la deriva, juntamente con el pasivo ambiental. Posteriormente, cuando
Pluspetrol ingreso en reemplazo de Oxy-PetroPeru, se comprometió a subsanar la
contaminación, la cual hasta el presente sigue en proceso de solución.
Es aquí donde se inicia el reclamo de los nativos, debido al
incremento de los problemas de salud de los pobladores; reclaman además una
indemnización por el uso de sus tierras.
En el 2006 se firmó el acta Dorissa (haga clic al final de la pagina en “Clic
aquí” hallara el Acta completa), acordando solucionar además del problema de
salud, resolver que el 10% del canon petrolero se asigne a proyectos de
desarrollo social para las comunidades. En el 2013, la Contraloría informo que
no se había destinado nada para este propósito.
Una comisión multisectorial tuvo a su cargo los planes de
desarrollo para los nativos, los cuales consistían en la implementación de
plantas de tratamiento de agua para consumo humano para 65 comunidades nativas
ubicadas en las cuatro cuencas, electrificación rural de los distritos de
frontera internacional norte, fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe,
y la guía de valorización de las tierras, punto que no fue resuelto hasta el 20
de febrero de 2015, pero según últimos informes el 26 del mismo mes los impases
fueron superados, el dialogo entre Pluspetrol Norte y los dirigentes de la
comunidad nativa de Nuevo Andoas hizo posible que se levantara el bloqueo del aeródromo
de Andoas, ubicado en el Lote 192, el que fuera ocupado por los pobladores de
la zona desde el 21 de febrero 2015. Las partes en litigio (Comunidad Nuevo
Andoas y Pluspetrol Norte) acordaron terminar con las controversias por el uso
de tierras y canteras.
De la concesión. El Lote 8 esta concesionario hasta el 2024.
El Lote 192 se concesiono hasta el 29 de agosto 2015. Para la licitación del
Lote 192 habrá consulta previa, tanto para renovar el contrato con Pluspetrol
como para permitir el ingreso de otra compañía petrolera en su reemplazo.
Lo que exigen las comunidades nativas es la resolución del
pasivo ambiental antes de que Pluspetrol concluya oficialmente sus operaciones.
Pluspetrol tiene abierto varios procesos judiciales por no
cancelar S/. 39.4 millones (US$. 13.4 millones), producto de doce multas impuestas
por el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA), entre los años
2010 y 2014.
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