Por
Oscar Muñiz
El
gobierno de Fujimori recién elegido hilvanaba de manera muy meticulosa la
composición de sus cuadros profesionales, que en muchas oportunidades dejaba de
lado, lo mismo que sus opiniones, salvo la de uno, quien por aquella fecha
ocupo un cargo en el directorio del Banco Central de Reserva.
Transcurrido
el tiempo y desde que se comenzó a gestar el auto golpe de 1992, tenía que
encontrar una justificación más que interesante en el cambio de rumbo que iba a
tomar, solamente había un hito en el iniciado gobierno, el día que el que fuera
el primer ministro de economía y finanzas de su gobierno, hizo público el
ajuste económico, el famoso “fujisock”.
El
otro hito era la “modernización” del Estado. Para tal fin el jefe de estado
imprimió otro zarpazo –aunque se encontraba en Brasil asistiendo a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
1992-, elimino de la estructura del Estado Peruano dos instituciones que eran
el respaldo del presidente de la republica en materia de asesoramiento directo.
Una de esas instituciones era el Instituto Nacional de Planificación, entidad
que se encargaba de la planificación del desarrollo nacional entre otras muchas
responsabilidades; la otra institución fue la Oficina Nacional de Evaluación de
Recursos Naturales, entidad que se encargaba de los temas de recursos naturales
y del medio ambiente. Ambas instituciones constituían, por así decirlo, las
entidades que estructuraban el que hacer del ejecutivo.
Entre el Instituto Nacional de Planificación y la
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, el Perú se encontraba
estudiado seriamente; las políticas nacionales concordaban con el enfoque dado por estas dos
instituciones, tenían carácter de complementariedad y aceptación en los diferentes ámbitos nacional e internacional.
Solo basto reemplazar estas dos instituciones y
las alarmas saltaron, especialmente en la zona de Selva, ámbito que por demás se encontraba inventariada en su
totalidad por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, con inventarios
de los recursos naturales, que reflejaban su situación sin necesidad de alterar su composición.
Posteriormente ese vacío dejado por la Oficina Nacional
de Evaluación Recursos Naturales fue llenado con visibles limitaciones por los
organismos no gubernamentales (ONG), mientras que el ámbito de la planificación fue olvidado y proscrito en aras de
las bien orquestadas medidas que otorgaba el “mercado” a favor del crecimiento
y desarrollo del país.
Con
el camino allanado y superado los sustos post autogolpe, y habiendo remplazado
la constitución de 1979, el tirano volvió a embestir, arrasando con todo lo que
hasta 1992 había existido en el campo legal y jurídico sobre las Comunidades
Campesinas y Nativas, ciertamente bajo el novedoso modelo del libre mercado y
de una política nacional que “dejaba hacer y dejaba pasar”, mismo liberalismo
económico, aun mayor que el empleado por la dama de hierro.
Congreso CCNN |
Debió
pasar unos años más, hasta que el embalsamiento social exploto, como lo hace
hoy; en ese tiempo como en el actual crecían las inversiones, pero también crecían
los daños al poblador nativo, a su medio ambiente y al futuro del Perú como
país soberano.
Con
el devenir de los años y sin ánimo de señalar con el dedo índice las tragedias
que suceden en la Amazonia, distingamos entre la poca o nula aplicación de la Constitución
de 1993.
El
Capitulo II Del Ambiente y de los
Recursos Naturales, de la Constitución del Perú 1993, contiene cuatro artículos –del
66 al 69- donde se hace referencia al patrimonio, a la política nacional del
ambiente, a la promoción y conservación de la diversidad biológica y de los
recursos naturales, y a la función del Estado como promotor del desarrollo de
la Amazonia, en concordancia con el D.S. N° 985-2003-PCM y Ley N° 27037 Ley de Promociónde Inversiones de la Amazonia (1).
El
Artículo 58 dice, la iniciativa
privada es libre, ejerciéndose esta en una economía
social de mercado cumpliendo el Estado la responsabilidad de orientar el
desarrollo del país en las aéreas
de promoción del empleo,
salud, educación, seguridad,
servicios públicos e
infraestructura.
En
el Capítulo VI Del Régimen Agrario y de
las Comunidades Campesinas y Nativas, en su Artículo N° 88 estipula que “El Estado apoya
preferentemente el desarrollo agrario Garantiza el derecho de propiedad sobre
la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La
ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra
según las peculiaridades de cada zona. Las tierras
abandonadas, según previsión legal, pasan al
dominio del Estado para su adjudicación en venta.”
Y en el artículo siguiente estipula que “Las Comunidades
Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo,
dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es
imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”.
Hoy, con la experiencia ganada desde el inicio
del fujimorismo, los costos que paga el Perú sobrepasan la capacidad para lo
que se esforzó. Todo está
servido en bandeja, tal como lo describe Marc Dourojanni en su libro Amazonia Peruanaen 2021 (2), publicación que no deja nada a la imaginación más que solo ideas claras sobre el
futuro de la Amazonia comprendida dentro del territorio peruano.
Con tratados como el Trans Pacific Partnership(PPT) conformado entre otros países por el Perú , además de los acuerdos comerciales firmados algunos indiscretamente, las tierras del Perú especialmente
las amazónicas corren un gran riesgo de perderse. La bonanza no es eterna, algún día se terminara, lo trágico es que concluido el ciclo de la
bonanza (crecimiento económico) el Perú no contara con alternativas de supervivencia.
Actualmente la población del Perú es de 30
millones de habitantes, de estos, 10 millones no tiene asegurado lo básico necesario para vivir. ¿Que será del Perú con una población de 33 millones en el año 2021 y sin
las fuentes necesarias de subsistencia?
Antes de la década de 1990, el Concejo Nacional
de Población, organismo del Estado peruano se encargaba de la política nacional
de población, hoy solo se tienen datos elaborados por Instituto Nacional de Estadística
e Informática, no se tiene una política poblacional. La vulnerabilidad del país está a la vista, incluidas las poblaciones
indígenas. Aun más, es sorprendente que
el nombre de lo que fuera el Consejo Nacional de Población, sea utilizado con
otros fines por desconocidas entidades que no tienen relación con las funciones
del ex Consejo, compruébelo Usted mismo (3).
La preocupación existe, más aun cuando las pretensiones de los sin rumbo se
incrementan.
Es difícil predecir el futuro para la Amazonia,
lo que si queda bastante claro es que las inversiones, la infraestructura
vial-industrial-agropecuaria, transformaran la Amazonia. Si nos remitimos a lo
que fue la Selva Alta antes de la construcción de la carretera Fernando
Belaunde Terry -antes Marginal de la Selva-, la explosión demográfica fue
brutal, más aun, se evidencio la falta de asistencia en educación y salud,
carencias que hasta el día de hoy se dejan sentir.
La infraestructura en salud es vital, más aun
cuando se pretende ingresar en zonas de trópico húmedo. Aquí las enfermedades
como el paludismo se encuentran al asecho, con mucha mayor incidencia desde que
el Estado ni las empresas privadas proporcionan el mínimo apoyo en casos de
necesidad, mucho menos en emergencia sanitaria o de cualquier otro tipo. Se
puede afirmar que el poblador se encuentra desamparado de toda ayuda por la
ausencia de un programa de asistencia con la mínima programación y planificación
(4).
Es justamente bajo estas condiciones en que la eclosión
social de las poblaciones nativas se dejan sentir, pues son las compañías petroleras
las que con su incursión, como en la cuenca del Biabo en San Martin o en
territorio de Loreto han destruido y amenazado la existencia de
vida de los pobladores nativos , su estilo de vida y la ecología
de la Selva Baja.
Sin duda alguna, cuanta falta hace una planificación
seria y comprometida con el desarrollo nacional. Cuanta falta hace tener un
inventario de los recursos naturales actualizado. El día que el peruano común y
corriente valorice este tipo de instituciones y lo que perdió durante la década
de los 90, sabrá que no hay marcha atrás, que lo perdido, perdido esta, que no
tiene reemplazo y muy probablemente la pobreza se incrementará tan agudamente
que la desaparición de los recursos naturales constituirá el tercer y último hito
de esta aventura que se inicio en 1990 y que al igual que la desaparición del
cucho y otros recursos naturales transformaron la Amazonia, en esta oportunidad
la transformaran en tierra yerma, desprovista de vida y al final abandonaran.
(1)
Recomendamos leer Resumen y Explicación de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia,Ley N° 27037.
(2)
Recomendamos leer el Resumen ejecutivo, pagina 13.
(3)
Recomendamos los siguientes enlaces: enlace1 y enlace 2 en donde se puede constatar el desatinado uso del
nombre de Consejo Nacional de Población.
(4)
Esfuerzos como el que enunciamos fueron intentados en la década
de los años 80 en la proyectada ciudad Constitución-Proyecto Pichis
Palcazu, donde hasta el diseño de las viviendas fueron elaborados con el
propósito de conquistar esa parte de la selva sur de Perú, situación totalmente diferente a la actual, ya que los asentamientos
humanos se crean detrás de toda vía como es la
carretera Perú-Brasil en el sur del Perú.
Gracias por leer lo que publicamos. No olvide
compartir con nosotros sus opiniones sobre este o cualquier publicación anterior.
El equipo de Muñiz & Asociados
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